TESTIMONIOS EN LAS PRIMERAS AUDIENCIAS Masacre de Napalpí: con sustanciales aportes desde la investigación, profesionales de la UNNE participaron del juicio por la verdad  El miércoles 27 de abril se realizó la tercera audiencia pública del juicio por la Masacre de Napalpí, matanza indígena ocurrida el 19 de julio de 1924 en lo que hoy se conoce como Colonia Aborigen. Durante la jornada, investigadoras y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste expusieron las conclusiones de sus trabajos y publicaciones sobre la temática.
Al inicio de la audiencia, la jueza Zunilda Niremperger recordó que el juicio por la verdad no tiene implicancias penales y que solo busca esclarecer una determinación de los hechos. Además, aclaró que la modalidad del juicio por la verdad es la metodología que se eligió, dado que al momento de iniciar la investigación judicial en el año 2014 ya no había ningún acusado con vida.
Como en cada audiencia del juicio por la verdad, se explicó que existe un compromiso internacional del Estado argentino de juzgar los crímenes de lesa humanidad y de cumplir con el derecho de las víctimas, sobrevivientes y de sus descendientes. Este juicio por la verdad pretende una reparación histórica para las comunidades indígenas, a través de una sentencia penal que siente una posición oficial sobre la Masacre de Napalpí.
La jornada continúo con los testimonios entre los que se destacaron los de investigadoras y docentes de la UNNE. Teresa Artieda, fue la primera en brindar su testimonio. Ella es directora del Doctorado en Educación y Co-directora de la Diplomatura Universitaria en Pueblos Indígenas e Interculturalidad, de la que también fue co-autora junto con Lecko Zamora del Pueblo Wichí. También es co-autora e integrante del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE. Artieda es doctora en Educación y magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación, fue durante varios años profesora titular en la Facultad de Humanidades y actualmente se encuentra jubilada.
Tiene varias publicaciones, investigaciones y trabajos sobre los proyectos educativos para las comunidades indígenas y el rol que tuvo la educación durante la reducción de Napalpí.
"Los pueblos indígenas tienen el pleno derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia, la preocupación creciente respecto del racismo, que impera en nuestra sociedad y nuestra cultura y la posibilidad de colaborar", dijo Artieda en cuanto a las motivaciones de su presentación en el juicio.
"Estoy segura que un juicio de este tenor ayuda a sanar, a abrazar el sufrimiento y quizás a instalar un grado de esperanza entre los pueblos indígenas y nosotros, porque es la historia que nos debemos todos y todas", agregó.
En su alocución, la docente e investigadora de la UNNE se refirió a los libros de lecturas utilizados para la escuela primaria de la época, los cuales tenían un discurso donde se construía una imagen cruel y peyorativa de los indígenas y se mostraba al Chaco como un lugar de riquezas naturales para ser aprovechadas por el Estado y por los procesos productivos. “El Estado nacional a través de su política educativa, desde fines del siglo XIX hasta la reducción de Napalpí y el hecho que estamos juzgando, ha hecho su parte en la generación de condiciones para la ocurrencia de esta matanza”, sentenció.
“Esta masacre no fue un acto excepcional, sino una consecuencia esperable dentro del proceso de invención de los pueblos indígenas como enemigos internos y el genocido ejercido por el Estado”, agregó Artieda. A la vez que contó que en numerosos libros escolares se presentaban a los indígenas como “enemigos”, “temibles” e “implacables” y que “no había otro camino que aniquilarlos, porque se trataba de ellos o nosotros”.
La investigadora aclaró que todos los libros que se usaban en las escuelas primarias eran avalados por el Consejo Nacional de Educación. “He trabajado con más de 100 libros editados en ese momento y he podido encontrar mayoritariamente un discurso desvalorizador, peyorativo y desembozado contra los pueblos indígenas y en particular con los del Chaco”, precisó.
Sobre la Reducción de Napalpí, señaló: “Tiene un origen de violencia porque fue poblada por aborígenes sobrevivientes de las campañas militares. Fue gestada y se mantuvo en un clima de violencia y peligro latente, era un sistema de concentración de estos grupos que estaban impedidos de moverse por el territorio, salvo con un salvoconducto y que se constituían como mano de obra de reserva para las explotaciones privadas”.
Institución educadora
Artieda reconoce a la reducción como una institución educadora en sí misma: “Fue otro modo de controlar a los indígenas, bajo la excusa de enseñarles las labores de agriculturas, para pacificarlos y civilizarlos mediante el trabajo”.
La educación en la reducción estaba basada en relaciones de sometimiento, miedo y terror, buscando incorporarlos a los estratos más bajos de los sistemas productivos, incluyendo a todas las personas, también ancianos y niños. “No era solo enseñarles un oficio, suponía modificar radicalmente y dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vincularse con la naturaleza, su espiritualidad y su organización social y prohibir sus idiomas”, detalló la investigadora.
“La educación va a ir generando las condiciones para que en ese antagonismo, el que salga debilitado sea el indígena”, concluyó. Artieda mencionó que desde la educación en la reducción también se trabajaba arduamente en la castellanización y no permitir el uso de los lenguajes indígenas, porque eran considerados una manifestación de la barbarie y muy precarias.
"La reducción en sí misma, con la concepción de encierro educador y la escuela para la infancia, fueron funcionales al proceso de proletarización, al tiempo que fueron funcionales al proceso de desarticulación de sus sistemas de vida y al genocidio del cual la Masacre de Napalpí es una de sus dolorasas manifestaciones", concluyó.
Educar para el sistema
Laura Rosso, investigadora, docente de la Facultad de Humanidades de la UNNE y coordinadora del Programa Pueblos Indígenas de la universidad, fue otra de las que brindó su testimonio durante el juicio. Acerca de sus motivaciones para aportar a la causa contó que fue docente en una escuela indígena y siempre trabajó con temáticas vinculadas a la educación de los pueblos originarios del Chaco. "Creo que en este caso, esclarecer y determinar responsabilidades, será una forma de hacer justicia", indicó.
"Existieron proyectos de educación indígena donde se proponían en algunos casos mejorar esas condiciones en las que se encontraban, sobre todo a partir de la pacificación, donde los indígenas se encontraban definidos como menores y estaban en situación de reducción o eran incorporados a los procesos productivos", detalló.
La investigadora contó que el crecimiento de la producción de algodón generó una demanda de mano de obra muy fuerte y que por ese motivo fue necesario incorporar a los indígenas a los procesos productivos. Además, explicó que en esa época los niños y niñas indígenas no cumplían con la obligatoriedad escolar, debido a que estaban incorporados al trabajo.
"El proyecto de la reducción lo sostienen determinados grupos de funcionarios públicos que apostaban a la integración, para incorporarlos a la sociedad a través del trabajo, la tierra y la educación", mencionó Rosso. Y aclaró: "La reducción fue definida como un establecimiento civil del Estado, de carácter industrial y educativo".
La investigadora describió la estrategia utilizada para mantener a los aborígenes en la reducción. "La idea era que el indígena se convierta en un trabajador de manera gradual", remarcó.
Sobre la educación en la escuela de la reducción, mencionó que comenzó a funcionar desde 1913 y uno de sus primeros objetivos fue la castellanización. "El niño o la niña de la reducción serían educados a través de la instrucción pública primordialmente para ser obreros o artesanos, no bachilleres”, aclaró.
También durante su presentación habló del rol que tuvo el Consejo Nacional de Educación en los proyectos de educación para indígenas. "Lo que se produce es una adecuación de la educación escolar de la infancia indígena al sistema económico regional", remarcó.
"La matanza que se produjo en Napalpí fue la más cruenta de una serie de respuestas que en esa década venía dando el Estado, respuestas que siempre torcía la balanza en beneficio de los sectores económicos dominantes", reflexionó Rosso.
Y para culminar, mencionó: "Para los indígenas las posibilidades eran aceptar la explotación laboral o el exterminio si se resistían a las condiciones injustas en los que los reducían y contrataban".
Documentos y material de archivo
Durante la tercera jornada del juicio por la verdad, también brindó su testimonio María Gabriela Barrios. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y actualmente está al frente de la dirección del Patrimonio Cultural de la provincia. Además, es docente de la Universidad Nacional del Nordeste en la carrera de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades.
Consultada por sus motivaciones para realizar contribuciones a la causa, Barrios mencionó: “Creo que debemos aportar en lo colectivo a procesos que revisen los hechos de impunidad, para que podamos generar sociedades más justas”.
En su alocución, habló principalmente del material que encontró sobre el contexto y el momento de la Masacre de Napalpí. "El Archivo Histórico Provincial reúne información de fuentes oficiales, de instituciones de la provincia que a lo largo de la historia van acumulando información y se hace una selección de qué se guarda y que se descarta", aclaró.
En cuanto al material encontrado sobre Napalpí contó: "En 2014 encontramos una caja llamada "aborígenes" que guardaba documentos que venían de la Policía de la Provincia del Chaco como de la gobernación". Eran siete documentos que tenían relación con lo ocurrido en 1924, dentro de los cuales había un listado del personal de tropa y la cantidad de armas de guerra con la que contaban en los días previos a la Masacre de Napalpí.
"El informe es del día 15 de julio y aparecen 35 gendarmes con nombres completos y números de registro, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de tiro de guerra, que eran un total de 2.400", detalló.
Otros de los documentos encontrados son telegramas con reclamos por el pago de deuda por la presencia de policías y gendarmes en la reducción. La investigadora contó que estos registros corresponden a unos meses previos a la masacre. "La presencia de las fuerzas es muy anterior a la matanza, dado que desde mayo había apostado en Napalpí un número importante de policías y gendarmes", remarcó.
Dentro de la documentación encontrada en el archivo también hay un intercambio de cartas con información sobre la masacre y los días previos y posteriores. Hay declaraciones en los documentos que dan cuenta de la situación de hostilidad hacia los indígenas que vivían en la reducción y que era difícil evitar una masacre.
También se encontró un informe del comisario a cargo de la represalia en la reducción, donde se trataba de “forajidos indígenas” a quienes estaban en las protestas. Según el informe oficial, posterior a la masacre, solo se hablaba de la muerte de cuatro indígenas y ningún efectivo de las fuerzas públicas.
"Hay mucho más en el expediente judicial de la época porque va hasta el mes de noviembre de 1924 y están los testimonios de varios de los policías que estuvieron en ese momento", agregó. En esos testimonios, en general, hay coincidencias en la descripción de los sucesos pero se encuentran diferencias en cuanto a la cantidad de efectivos presentes en el lugar explicó Barrios.
Otros testimonios del juicio
Durante la tercera audiencia pública del juicio por la verdad se leyeron los testimonios de Mario Yrigoyen, hijo de Melitona Enrique, y de Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará. Ambas mujeres fueron sobrevivientes de la Masacre de Napalpí y sus hijos contaron los relatos que le habían transmitido de los hechos, rescatando la relevancia de la transmisión oral para las comunidades indígenas.
En la jornada también brindaron sus testimonio Nery Francisco Romero, docente, escritor, ensayista y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco; Alejandro Jasinski, doctor en Historia, investigador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, escritor y periodista; Rubén Omar Guillón, subsecretario de Fortalecimiento de Gobiernos Locales en la Secretaría de Municipios del Chaco, quien escribió un libro sobre la masacre de El Zapallar (1933); Luciano Sánchez, historiador, docente e investigador; y a través de videoconferencia Pedro Solans, periodista e investigador.
La tercera audiencia finalizó con la reproducción del testimonio filmado de Felipa Laleqori, hija de uno de los sobrevivientes de la Masacre de Napalpí. La entrevista fue realizada por la Fiscalía Federal en enero del año 2020.
La próxima audiencia pública que dará continuidad al juicio está prevista para el martes 3 de mayo, la cual se realizará en la localidad de Machagai. Según explicó la jueza Niremperger, se trasladará el equipo judicial para evitar que las personas que tienen que declarar tengan que venir hasta Resistencia.
-Más información en Unne Medios: https://medios.unne.edu.ar/
Fuente: UNNE Comunicacion
Jueves, 28 de abril de 2022
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