Sociedad Presentan un proyecto de ley para evitar las ciberestafas  Ante la alarma disparada por los miles de casos de ciberestafas registrados en los últimos meses, desde el Senado se impulsan distintas iniciativas para proteger a las y los damnificados e instar a las entidades bancarias a fortalecer sus medidas de seguridad.
Operan mediante correos electrónicos con nombres engañosos, mensajes de texto falsos o llamadas telefónicas, su objetivo es conseguir que la víctima brinde su información personal y con ella proceder al fraude. En la mayoría de los casos, el estafado se percata del robo cuando ya es demasiado tarde, entonces se ve obligado a probar con enorme dificultad, que él no fue responsable del delito.
Una de las modalidades más repetidas es el “pishing” a partir del cual delincuentes obtienen de personas engañadas sus credenciales de acceso al homebanking procediendo a la sustracción del dinero de las cuentas y a tomar los “préstamos preaprobados”
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticos (UFEDyCI), desde marzo de 2020 hasta la actualidad, este tipo de delitos aumentó más de 3000%. Al menos 20.000 damnificados, pero se presume que la cifra es mucho mayor dado que este tipo de crímenes no suelen denunciarse.
“Una nueva regulación es indispensable”
Con el objetivo de poner un freno esta marea de estafas digitales, la senadora por el Chaco María Inés Pilatti Vergara presentó un proyecto parlamentario instando a las autoridades nacionales competentes al tratamiento inmediato de la problemática que afecta a cada vez más argentinos.
“Sin dudas los bancos comerciales no son ajenos a esta situación, por lo que el Estado debe intervenir para salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Por este motivo estamos instando al Banco Central de la República Argentina a tomar cartas en el asunto”, explicó la legisladora nacional y detalló que “a través del proyecto 1292/21 establecemos la urgencia para que la autoridad bancaria regule la actividad con el fin de reducir el riesgo de estafas, y arbitre los medios necesarios para la protección de los damnificados”.
En tanto que la iniciativa impulsada por su par de la Pampa, Norma Haydée Durango dispone, entre otros puntos, que la comunicación entre la entidad bancaria o financiera otorgante de un crédito y sus solicitantes se realice de manera fehaciente y por escrito al domicilio, permitiendo esto el acuerdo expreso quede registrado en soporte papel y se aloje el contrato en un registro habilitado por el BCRA para tal fin.
Además, el proyecto exige que el débito de la primera cuota del crédito o beneficio no sea interpretado como un “consentimiento” del consumidor.
Algunos lineamientos
“Dado que los bancos comerciales deslindan responsabilidades argumentando que no pueden diferenciar el acceso del titular legítimo de la cuenta del de otras personas con finalidad maliciosa, consideramos obligatorio la introducción de mecanismos de doble o triple validación, que minimizarían los casos de `pishing ´” detalló Pilatti Vergara.
Por otro lado, respecto a los préstamos “preaprobados”, la senadora destacó que ser sujeto de este tipo de préstamo “es una decisión unilateral de la entidad bancaria, poniéndolo a disposición de los clientes con tan sólo un clic, sin ningún tipo de consulta, aceptación de condiciones por parte de ellos, o información de los riesgos inherentes.
Irónicamente quienes son “calificados” por los bancos para este tipo de préstamo sin requisitos, suelen no necesitar financiamiento; pero a quien si lo precisa, las exigencias son muy elevadas, señaló la senadora e instó que la regulación vigente es “asimétrica y favorece a las entidades bancarias a expensas de los clientes”.
“A los bancos les interesa colocar liquidez excedente en destinos más lucrativos que los instrumentos convencionalmente a disposición de ellos, sin importarle las necesidades reales del cliente. Prueba de ello es que ante la estafa los bancos buscan desentenderse de la situación”, dijo.
En este sentido, especialistas han advertido que, ante el reclamo de los clientes, las entidades bancarias toman nota de la denuncia, sin que esto implique poner en suspenso el procedimiento de cobro del crédito denunciado. De esta forma, con la amortización de la primera cuota, la entidad otorgante entiende como reconocimiento suficiente de la totalidad de la deuda. Su no pago, por otra parte, dispara una serie de medidas por parte del banco que va desde el acoso telefónico, amenazas, hasta la afectación del registro crediticio del cliente estafado.
Manifestación final de este desequilibrio regulatorio es que al cliente no se le ofrece, siquiera, la posibilidad de rechazar de antemano la recepción ofertas crediticias preaprobadas que el banco emite.
“Como conclusión, la defensa de los intereses de la ciudadanía es la primera misión de toda autoridad estatal. Ponerla al resguardo de los intereses de poderosos sectores económicos y de los delincuentes oportunistas, es nuestra obligación”, concluyó Pilatti Vergara.
“Me vaciaron la cuenta”
El 28 de enero, Bety de 85 años entró a su cuenta para un trámite, al hacerlo descubre que no tenía saldo y que habían tomado un crédito por 200 mil pesos a su nombre. Habían falsificado sus datos personales reemplazándolos por un correo y número de teléfono falsos, por lo que no había recibido ningún aviso.
Luego de pedirle que vaya, en plena pandemia, a realizar la denuncia en sede policial y presentarla en el área de estafas de la entidad bancaria, le llego una negativa del banco detallando no se harían cargo del robo y que debería seguir pagando el crédito otorgado.
“Me indigna porque no me fundamentan, inmediatamente a que me cambian los datos personales de contacto habían pedido el crédito y la transferencia del crédito es enviado a una cuenta con CUIT falso en tiempo récord”, detalló Betty angustiada. “Eso es lo que me pone mal porque no tuvieron en cuenta la pandemia, que soy una persona mayor y que tuve que ir de un lado a otro a firmar documentos”.
Casos como este se multiplicaron a partir de la pandemia, y perjudican en general a personas mayores cuya única fuente de ingresos suele ser su jubilación, es por ello que debe intermediarse con urgencia ante el Ejecutivo para que aplique las modificaciones necesarias.
Fuente: Chaco Día por Día
Viernes, 18 de junio de 2021
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