Brasil Rousseff cuestionó al “golpismo” y se mostró optimista frente a los procesos de posible juicio político "La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño", afirmó la presidenta en una entrevista a dos radios del estado de Bahía (noreste).
Dilma Rousseff criticó hoy a los "golpistas" que cuestionan a su gobierno y aseguró que ve "luz al final del túnel", luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) le abriera un proceso por supuestas irregularidades en la campaña electoral y a horas de que otro órgano emita su postura ante denuncias por maniobras administrativas que podrían habilitar los pedidos de juicio político en su contra que hay en el CoRousseff criticó a los "golpistas" que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió "imparcialidad" a los jueces luego de que el Tribunal Electoral comenzara a investigarla por financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección.
Por otro lado, la jefa de Estado admitió la crisis, dijo que "ve luz al final del túnel" y se mostró confiada en que el Congreso "demostrará su compromiso con el país" y mantendrá los vetos que la mandataria le impuso a proyectos aprobados en las cámaras y que aumentarían el gasto público que el Gobierno intenta reducir al mínimo.
Reconoció además que en los últimos meses, en los que el país está inmerso en una profunda crisis económica, se ha visto amenazada por los mercados y hostigada por la oposición y recalcó que el único método reconocido para llegar al Gobierno "es el voto directo en las urnas".
El Tribunal Superior Electoral y el Tribunal de Cuentas de la Unión evalúan fallos que pueden alentar o frenar un juicio político por maniobras contables en el financiamiento de las campañas, que podrían incluso poner en cuestión su victoria en octubre de 2014 tienen en sus manos el destino político de la presidenta a riesgo de perder su mandato por la anulación de su victoria en octubre de 2014.
Ayer, el Tribunal Electoral, órgano del Poder Judicial, aceptó reabrir una investigación sobre supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).
Si el tribunal condenara a la mandataria y su vicepresidente, Michel Temer, del aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su victoria quedaría impugnada, según lo pregona el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
En ese caso, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien debería convocar a nuevas elecciones. Se trata del opositor Eduardo Cunha, actualmente denunciado por corrupción en el caso Petrobras, a quien parlamentarios le pidieron su renuncia.
Apenas un rato después de que se conociera la resolución del Tribunal Electoral, Rousseff reclamó a los jueces que actúen con "imparcialidad en los juzgamientos".
Por otra parte, la presidenta es investigada en el Tribunal de Cuentas de la Unión, que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo, y que debe emitir una postura sobre presuntas maniobras administrativas de Rousseff, quien al parecer financió programas sociales sin asentar esos gastos en el balance del ejercicio 2014, con lo cual disimuló problemas fiscales. Esta maniobra, de comprobarse, constituirá una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El veredicto del Tribunal de Cuentas podría ser emitido durante la jornada de hoy, mientras el Poder Ejecutivo impugnó al relator del caso ante la Corte Suprema. Una vez presentado el veredicto del Tribunal de Cuentas será enviado al Congreso donde los parlamentarios evaluarán si una eventual violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es causal para iniciar un juicio político.
La jefa de Estado se mostró confiada en que el Congreso "demostrará su compromiso con el país". Para la presidenta, cuyos índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos, "es muy importante que las personas coloquen los intereses de Brasil encima de sus intereses, de los intereses partidarios".
Para intentar sortear estas dificultades, Rousseff cedió poder a través de una reforma ministerial a su aliado PMDB, para intentar sumar apoyo en el Congreso, erosionar la base parlamentaria del juicio político y armonizar el vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo.
El lunes, la presidenta recomendó "dialogar mucho" con los partidos afines al gobierno y adversarios, durante la presentación de su nuevo gabinete. Ese discurso conciliador del lunes fue repetido por Rousseff ante periodistas reunidos en Brasilia, oportunidad en la que aseguró que el país atraviesa un momento de "acentuadas divergencias, en el que es fundamental actuar con serenidad, tener respeto por las diferencias y procurar la formación de consensos en un ambiente más ameno y amigable".
En este marco, Cunha descartó que vaya a renunciar en respuesta a las presiones de parlamentarios ante las investigaciones que se abrieron en su contra que lo vinculan con el caso Petrobras.
"En ninguna hipótesis. No hay la menor posibilidad de que renuncie, de que solicite una licencia o de cualquier cosa parecida", afirmó Cunha en declaraciones a periodistas.
Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha tiene el poder para influir sobre las votaciones y decisiones del Parlamento, así como la responsabilidad de aceptar o rechazar peticiones de apertura de juicio político con fines de destitución del jefe de Estado.
Hasta ahora Cunha ha rechazado cinco peticiones para que inicie un proceso que puede concluir con la destitución de Rousseff, pero aún analiza otras diez solicitudes y puede darle curso a cualquiera.ngreso.
Miércoles, 7 de octubre de 2015
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