Sospechos de corrupción Cuadernos de las coimas: procesaron al CEO de Techint, Paolo Rocca 
Lo dispuso el juez Claudio Bonadio. El magistrado dispuso la falta de mérito para Marcelo Mindlin.
El juez Claudio Bonadio procesó este martes al empresario y dueño de Techint, Paolo Rocca, como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
En la misma investigación, conocida como la de los cuadernos de las coimas, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
En la resolución de 127 páginas a la que accedió Clarín, el magistrado también decidió procesar a Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, Alberto Padoan, Rubén Aranda, entre otros y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas, Roberto Baratta por el mismo delito y otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez.
Por primera vez el CEO del grupo Techint tuvo que declarar como imputado en una causa de corrupción que devino de igual manera, en su primer procesamiento en la justicia federal. La firma figuraba como uno de los puntos de encuentro para el pago de sobornos que registró el entonces chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.
Así, Bonadio sostuvo en su resolución que se pudo determinar "la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades" del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, "diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
Para que esta maniobra se concretara, indicó el magistrado, fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. "La recaudación funcionaba en el ámbito del citado ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y transporte", cada una con una "forma establecida y personas encargadas" para el cobro de las coimas.
En la extensa resolución, el juez Bonadio recordó que entre las empresas que pagaban los sobornos se encontraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta.
La citación a indagatoria de Rocca se originó después de que se incorporara nueva documentación al expediente, en el que la empresa se encuentra referenciada en las anotaciones Centeno; en la declaración como "arrepentido" del ex directivo de la compañía Zabaleta; y en la indagatoria de Betnaza, actual integrante de Techint, quien admitió pagos por al menos US$200.000 a ex funcionarios kirchneristas.
El CEO de la compañía dijo en su indagatoria que "no tuvo conocimiento en ningún momento" del pago de sobornos realizados a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.
En el caso de Rocca, la Justicia determinó que los ocho pagos que figuran en los cuadernos de Centeno dirigidos a directivos de Techint, "no podían desconocerse" por parte del CEO de la compañía "por el cargo que ostentaba, no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico".
En su defensa el CEO de Techint dijo que los pagos ilegales se hicieron urgidos por la expropiación de la empresa Sidor y la prohibición de salir de Venezuela a los argentinos que allí trabajaban, ordenada por el gobierno chavista.
"Operábamos en Venezuela la mayor siderúrgica de América latina. En los últimos años, desde 2007, el hostigamiento de Hugo Chávez fue cada vez más fuerte, hasta que decidió la expropiación. Fue complejo, con amenazas, con violencia. La retirada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue complicada, con un periodo de militarización de la empresa, más la repatriación de nuestra gente", afirmó.
De esta manera, buscó deslindar su responsabilidad y señaló que Betnaza tenía autonomía en la empresa por lo que desconocía los pagos que realizó. Sin embargo, Bonadio refutó este argumento al señalar que por el nivel de "detalles" que dio Rocca el 16 de agosto en el Hotel Sheraton en el encuentro empresarial, sobre la situación acontecida en Venezuela "no resulta creíble que no estuviera al tanto de los requerimientos de dinero que hizo referencia Betnaza".
Pese a que Rocca en su indagatoria explicó las diferentes sociedades del Grupo, buscando desligarse de las acusaciones, para los investigadores dicho argumento "no lo exime de responsabilidad, no resultando creíble la falta de conocimiento alegada". Por ello, Bonadio lo acusa de haber "participado en negociaciones por las que se habrían efectuado" los pagos ilegales investigados.
Además, el Juez mencionó una reunión de la que participó el CEO del Grupo económico, es decir "se encontraba presente al momento de efectuarse uno de los requerimientos de dinero que derivaron en los pagos que habría ordenado Betnaza".
Al dar dichos ejemplos Bonadio entendió que se muestra "la responsabilidad" de Rocca en los hechos investigados sosteniendo que en la época "en la que se habrían hecho los pagos, el nombrado habría encabezado las negociaciones con los gobiernos de Argentina y Venezuela por las plantas de SIDOR".
La acusación contra Abal Medina
"En cuanto a su descargo lo encuentro un mero intento de mejorar su situación que no se condice con la prueba recolectada", indicó el juez Bonadio al momento de procesar al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Se explicó que Abal Medina admitió la entrega de fondos para la campaña por parte de Baratta, tarea encomendada a Martín Larraburu, "pero afirmó desconocer el origen de ese dinero". Al respecto el juez sostuvo que al momento de analizar la entrega de fondos a su colaborador "sin ningún tipo de documentación que respalde la entrega de los mismo este dinero habría sido utilizada para el desenvolvimiento de la campaña de 2013".
Para la Justicia, no puede eximirse de responsabilidad al ex jefe de Gabinete ya que durante 2013 "era el destinatario del dinero entregado por funcionarios del ex ministerio de Planificación". Tanto Abal Medina como Larraburu fueron procesados como partícipes necesarios de la asociación ilícita.
Fuente: Clarín
Miércoles, 28 de noviembre de 2018
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