no pudieron ser identificados por las autoridades ni fueron reclamados por ningún familiar México: 25 mil cadáveres a una fosa común  Son restos de personas asesinadas en el marco de la ofensiva militar contra las bandas del narcotráfico entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, que según datos extraoficiales ha causado más de 80 mil muertes.
Un informe oficial conocido ayer reveló que al menos 25 mil cadáveres de personas asesinadas en el marco de la ofensiva militar en México contra las bandas del narcotráfico, iniciada en diciembre de 2006, fueron enviados sin identificar a una fosa común en setiembre de 2011 al no ser reclamados por sus familiares. En el país sólo existe el banco de datos genéticos en el que la Procuraduría General guarda los registros de ADN de 72 inmigrantes centroamericanos y 193 personas inhumadas clandestinamente por los Zetas, algunos asesinados en Michoacán, Sinaloa, Durango, Coahuila, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León.
Según el informe, las provincias donde se registró el mayor número de asesinatos entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron Chihuahua (con 12.439 casos), Sinaloa (5487), Guerrero (4293), México (2118), Tamaulipas (2583), Michoacán (2295), Nuevo León (2104), Coahuila (1211), Durango (2601) y Baja California (2275). La estimación fue hecha a partir de la información que cada Procuraduría de Justicia de las 31 provincias mexicanas aportó durante las tres conferencias nacionales, señaló el diario La Jornada citando fuentes de la Procuraduría.
De diciembre de 2006 a septiembre de 2011 se contabilizaron oficialmente 47.515 asesinatos en el marco de la estrategia militar ordenada por el presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), de los cuales 5000 personas eran militares y el resto civiles. Sin embargo, recuentos independientes elevan hasta 80 mil el número de muertos provocados por la estrategia, que fue severamente criticada por organismos humanitarios internacionales y entidades no gubernamentales mexicanos. De acuerdo con las fuentes del diario, del número de ciudadanos que fueron asesinados “en realidad no se investiga ni el 30% de los casos”.
El nivel de identificación en las procuradurías locales oscila entre tres y cuatro de cada diez restos encontrados, y los otros siete o seis son enviados a la fosa común al cumplirse el período que marcan las legislaciones de cada provincia, que puede ser de hasta un año. En el lapso de referencia, del total de asesinatos reconocidos oficialmente la Procuraduría General sólo tomó en sus manos 1500 casos, entre ellos los restos hallados en cementerios clandestinos de Tamaulipas, Durango y Chihuahua –tres de las provincias más violentas– entre 2011 y 2012.
Las fuentes citadas por el diario identificaron como “uno de los grandes problemas” que enfrentan las fiscalías locales para la identificación de las víctimas la falta de infraestructura y recursos, ya que cada examen genético que se realiza de manera completa tiene un costo que va de los 15 mil a los 20 mil pesos (entre 1000 y 1400 dólares). Señalaron que existen casos, como el de la Procuraduría de Durango, que envió a la fosa común “más de 2000 restos” entre 2006 y 2011, y de ellos 300 fueron localizados en fosas clandestinas e inhumados con máquinas y sin ninguna medida de preservación.
De acuerdo con la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, no existen condiciones para conservar los cadáveres por tiempo prolongado para su estudio. <
Ansa
Fuente:Tiempo argentino
Lunes, 11 de junio de 2012
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